Ciudad de México.- Además de las denuncias de corrupción contra el Instituto de Vivienda del DF (Invi), la Comisión de Derechos Humanos capitalina lo acusa de maltratos, violación a los derechos humanos y desalojos forzosos.
En su resolución 03/2013, la CDHDF también implica en estos abusos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría de Justicia locales luego de documentar, en 22 expedientes, violaciones que ejercieron en distintos momentos y casos.
La recomendación señala como responsables a Raymundo Collins, titular del Invi; Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública, y Rodolfo Ríos, Procurador de Justicia del DF.
La Comisión señala que los agraviados se vieron vulnerados en sus derechos por la aplicación arbitraria de las reglas de operación del Invi.
También advierte sobre el desalojo forzoso que la dependencia realizó en diversos predios con asistencia de la Policía.
“Inquieta a esta Comisión que el Invi, cuyo objetivo es dotar de vivienda a los sectores de más bajos recursos de esta Ciudad, sea a quienes más afecte al realizar desalojos forzosos, dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad, marginación y exclusión.
“La SSP-DF no puede actuar como autoridad represora violando los derechos humanos de las víctimas de desalojo forzoso, lo cual va en contra de sus protocolos de actuación”, indica la recomendación emitida al Invi.
Además, menciona que se han comprobado “dejos de corrupción” en el Instituto, pues en las gestiones para otorgar vivienda hay preferencia a ciertas organizaciones sociales sobre otras, aunque no brinda nombres.
La recomendación, emitida en marzo, se encuentra en etapa de aceptación y concluye con 75 puntos de medidas de restitución del daño e indemnizaciones.
Ésta no es la primera acusación contra el Invi. REFORMA publicó el miércoles y el jueves que un grupo de constructores denunció públicamente que en el Instituto les piden hasta 10 millones de pesos para incluirlos en la lista de proveedores, asignarles contratos e incluso liberar pagos pendientes por obras en proceso o ya realizadas.
De acuerdo con denuncias de 14 empresas, el Invi les adeuda, aproximadamente, 177 millones de pesos.
Tienen casa y no se las entregan
Veintidós familias han esperado durante 13 años viviendas que, aunque ya están construidas, no han podido ocupar, pues el Invi no ha terminado de pagarle a la constructora.
Concepción González, presidente de la organización Vivienda, Armonía y Progreso, indicó que, en 2000, lograron la expropiación de una vecindad para hacer un edificio de 17 departamentos.
Después consiguieron financiamiento y el Invi contrató a la Constructora Ayotlán para llevar a cabo la obra, la cual fue terminada en 2012.
Pero el dueño de la constructora, Alfredo Otero Flores –uno de los que denunció la extorsión del Invi–, no ha entregado el edificio porque le deben 1.3 millones de pesos.
Con información de Jonás López
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