Sospecha de nepotismo con ministro de Emmanuel Macron

Algunas sospechas sobre trato “preferencial” a familiares hacen ensombrecer proyecto de “moralizar” política francesa.

El primer caso en contra de Emmanuel Macron en su reciente llegada a la presidencia de Francia ha llegado. Se trata de un caso relacionado al nepotismo que se dio a conocer el las últimas horas, involucrando a Richard Ferrand, un ministro de la cohesión territorial.

Ferrand también se desempeña como secretario general del partido presidencial y primer diputado socialista en sumarse a las filas de Emmanuel Macron cuando las posibilidades de ser presidente parecían lejanas.

Ferrand favoreció a su pareja y a su hijo durante su etapa en el sector privado y como diputado. Las revelaciones coinciden con los últimos preparativos de la ley para “moralizar” la política, proyecto central para el nuevo presidente.

Las sospechas sobre Ferrand comenzaron la semana pasada, cuando Le Canard Enchaîné reveló los arreglos, aparentemente legales, para beneficiar a familiares en diversas etapas de su vida profesional. Y continuó este martes, cuando Le Monde expuso nuevos ejemplos de lo que el diario vespertino llama “mezcla de géneros” entre su vida pública y privada.

 

El primer caso concierne el alquiler de un local en Brest (Bretaña) por parte de Mutuelles de Bretagne. una entidad privada sin ánimo de lucro que Ferrand dirigió entre 1993 y 2012. El consejo de administración de esta mutua buscaba a principios de 2011 un espacio para albergar un centro de cuidados y, entre tres opciones, se decidió por la que ofrecía Sandrine Doucen, compañera de Ferrand.

La decisión se tomó cuando Doucen todavía no era propietaria de los locales, según Le Canard Enchaîné, operación que se concretó unos meses más tarde.

 

En su etapa como diputado, a partir de 2012, Ferrand siguió practicando la “mezcla de géneros”. Aunque mantenía el vínculo con Mutuelles de Bretagne, impulsó una ley que favorecía a las mutuas. Empleó unos meses como asistente parlamentario a su hijo por una remuneración de 8.704 euros, una práctica común en la Asamblea Nacional.